Un juez concede a usuario el primer amparo contra registro de datos biométricos

El magistrado considera que la entrega de datos personales, huellas digitales o fotografías “podría no ser idónea ni proporcional” y afecta a los derechos de los ciudadanosEl magistrado considera que la entrega de datos personales, huellas digitales o fotografías “podría no ser idónea ni proporcional” y afecta a los derechos de los ciudadanos

Un juez federal ha concedido a un usuario el primer amparo contra el polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que obliga a los mexicanos a entregar datos biométricos para poder tener acceso a una línea de celular.

El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ha dado la razón a Óscar González Abundis para que su línea de telefonía móvil no sea cancelada por no registrar sus datos personales. Gómez Fierro considera que la entrega de esta información “podría no ser idónea ni proporcional” y supone “una afectación a los derechos”. De momento, este amparo solo beneficia al usuario que lo presentó y no tiene carácter general.

El pasado martes, el Senado aprobó, en una votación muy cerrada, una reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el llamado PANAUT. Este registro obliga a los mexicanos a entregar casi todos sus datos personales al Gobierno y a las empresas de telefonía. El objetivo del padrón, según los legisladores de Morena, es facilitar la investigación de los delitos que se cometen con equipos celulares, como secuestros, extorsiones y acosos.

Sin embargo, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa ha puesto el primer freno. “La entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor. No se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, ha apuntado Gómez Fierro.

El juez, que reconoce que la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, ha argumentado que “el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos”. El magistrado considera que cancelar la línea telefónica por no registrarse afectaría al “derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.