Soberanía alimentaria


René Macías Zamora*

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

Lo anterior pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo, así como el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales.

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales; otorga el poder a los campesinos y a la agricultura, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.

La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, están en manos de aquellos que producimos los alimentos.

La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

El texto anterior es la Declaración de Nyeléni, Selingué, Mail 2007.

Las políticas neoliberales, como las de México, destruyen la soberanía alimentaria. Estas priorizan el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos. Se ha puesto en evidencia que no han contribuido para nada a la erradicación del hambre. Al contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las importaciones agrícolas, y han reforzado la industrialización de la agricultura poniendo en peligro el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así como nuestra salud.

Han obligado a millones de campesinos a abandonar sus prácticas tradicionales, al éxodo rural o a la emigración. Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio (OMC) han aplicado estas políticas dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Los acuerdos internacionales como el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (Alca) o los acuerdos bilaterales como el Tratado de Libre Comercio (TLC) de México con Estados Unidos permiten a dichas empresas y países controlar el mercado globalizado de la alimentación.

Las importaciones agrícolas a bajos precios destruyen la producción alimentaria en el mundo entero porque obliga a los gobiernos a desatender la agricultura de su propio país. Aumentando así la dependencia de esas importaciones para su alimentación a costa del abandono del campo. De manera que es urgente impulsar políticas que prioricen la producción interna frente a las importaciones y que garanticen la estabilidad de los precios agrícolas a escala internacional mediante acuerdos internacionales de control de producción.

Que garanticen el derecho a la alimentación de las poblaciones, que preserven el medio ambiente y desarrollen una agricultura sustentable. El problema real de los campesinos es, antes que nada, la falta de acceso a sus propios mercados locales por la competencia producida por los productos de importación, excedentes de la producción agrícola de países altamente industrializados, a precios demasiado bajos.

Actualmente, México importa 67.9% del arroz que consumimos, también el 42.8% del trigo, 31.9% del maíz y 8.2% del frijol. En lo concerniente a las importaciones de ganado, se importa 40% de la leche que consumimos, 53% de la carne de aves, 68% de la carne de res y 78% de carne de cerdo. Datos que claramente indican que estamos perdiendo la carrera entre producción de alimentos y crecimiento de la población. Si no se reconsideran las actuales políticas, este país se dirige efectivamente a ser un Estado fallido donde la principal manifestación es la violencia. Cuando un padre de familia no tenga que darle de comer a sus hijos, seguramente los buscará a cualquier precio, incluso robando.

Regidor del PRD en Manzanillo*