Sistema anticorrupción


Jorge Fernández Menéndez

 

La promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no es el punto final, pero sí un nuevo comienzo en la ineludible necesidad de contar con un sistema eficiente y abierto para controlar la correcta utilización de los recursos públicos y castigar a quienes hagan mal uso de los mismos. No está diseñado para realizar caza de brujas, pero sí para establecer controles estrictos y certeros, con armas para castigar desviaciones. Constituye, con sus insuficiencias o temas aún en debate, un enorme avance en ese terreno que es, con toda razón, de los que más indignan y lastiman a la sociedad.

No sirve el SNA para cazar brujas, pero tampoco solucionará, por sí mismo, un problema endémico en nuestra sociedad. Existe una enorme presión social, alimentada por los partidos políticos y candidatos, para meter a la cárcel a sus adversarios que han estado en el poder, en muchas ocasiones con acusaciones fundadas, en otras políticamente sólidas pero legalmente endebles (algo que el SNA por lo menos para el futuro ayudará a corregir), y en ocasiones como parte simplemente de un discurso político, pero lo cierto es que la cárcel no acaba ni disminuye la corrupción: eso lo harán la correcta aplicación de las leyes y, sobre todo, de las medidas posibles de control y prevención.

Apenas el 9 de junio pasado, luego de las elecciones estatales del día 5, decíamos que pensar que con encarcelar a alguien se “reconstruye un tejido social, se reconcilia una sociedad” (como había dicho el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral, respecto a encarcelar al gobernador César Duarte) es una falacia. Está de moda, decíamos, y todos hablan de mandar a la cárcel a sus predecesores. Muchos hacen de ello su única agenda política o lema de campaña (“la mafia del poder”). Pero no se dan cuenta que la cárcel no sirve, no alcanza, para gobernar.

Le sucede a Claudia Pavlovich, en Sonora, con Guillermo Padrés, pero mucho más a Jaime Rodríguez, en Nuevo León, con Rodrigo Medina; a Arturo Núñez con Andrés Granier, y si siguen así les sucederá a Corral con Duarte, a Miguel Ángel Yunes con Javier Duarte y a Carlos Joaquín González con Roberto Borge, los tres gobernadores ahora bajo el escrutinio público.

Pero lo cierto, decíamos también el 9 de junio pasado, es que, en muchos casos, más que hacer justicia lo que se quiere es venganza o simplemente ganar tiempo. No estoy defendiendo a ninguno de los políticos que podrían estar tras las rejas. Lo que digo, insistíamos entonces y ahora, es que el procesar a alguien es un tema del ministerio público, no del gobernante. Y muchos gobernantes terminan tratando de convertirse en ministerios públicos, olvidándose de gobernar.

Eso es lo importante del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que otorga armas para controlar el uso de los recursos públicos, pero también para castigar los delitos que se cometan. No nos engañemos, no será fácil para ninguno de los nuevos gobernadores terminar procesando a sus antecesores. Y no será fácil porque una cosa es la política y las campañas y otra el terreno legal. Para procesar debe haber pruebas y debe haber un marco legal vulnerado. Se decía antes que muchos políticos pueden ser acusados, con razón, de ladrones, pero no de estúpidos, y eso vale todavía ahora.

Decía Benito Mussolini, que la política era sencilla, que no había de qué asombrarse: “Primero me encerraban ellos a mí. Ahora los encierro yo a ellos”. La idea con el Sistema Nacional Anticorrupción es que no se trate de política, que todo el que deba ir a la cárcel termine en ella, pero no por venganza ni por estrategia, sino porque se cuenta con los instrumentos idóneos para que sea la ley la que determine quién tendrá ese destino. Es un gran avance en la consolidación de nuestras instituciones.

Por cierto, Virgilio Andrade dejó la Función Pública, al que le tocó un periodo que estuvo marcado precisamente por la politización de la corrupción, con un sistema legal impedido de pedir cuentas por ella. Virgilio estuvo sometido a una campaña feroz en su contra, motivada en buena medida por un problema de origen, su cercanía personal y profesional con funcionarios que se le reclamaba que investigara y castigara. El problema es que ésas no eran sus atribuciones o las de la SFP, pero el Estado mexicano tampoco contaba, como desde ayer, con instrumentos para hacerlo. Conozco a Virgilio desde hace muchos años, es un político honesto y un profesional preparado, pero imposible que rindiera desde la Función Pública los resultados que, desde la oposición y buena parte de la opinión pública, le reclamaban.