Retacera Política


César Villalba A.-

El lema en el caso de la “Ley Chaleco”, copiada de otros países y sin ver circunstancias socioculturales ni menos históricas, debería ser “ya no me ayudes, compadre”, por la necesidad que hubo de que interviniera el gobernador Mario Anguiano para calmar las aguas que encontró encrespadas a su regreso de Corea del Sur.

No es para menos, si la bola de nieve que comenzó con los rechazos e inconformidades de un club de motociclistas y a la que se fueron sumando cientos de conductores sólo de esta ciudad, fue creciendo con la desaprobación de legisladores de oposición, organismos de derechos humanos y voces ciudadanas independientes.

A tal grado de que el lunes, el propio mandatario colimeño citó a reunión a los motociclistas, con fin de intercambiar opiniones y propuestas para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes; es decir, primero y según la óptica legislativa, dar cauce y validez total a la reforma que pretende “coadyuvar” a reducir los índices delictivos que son perpetrados a bordo de dichos vehículos y, segunda, el rechazo también total de los afectados al obligárseles a portar un chaleco con el número de placa como si se tratase de delincuentes.

Sin ningún aviso o comentarios previos, sin ninguna reunión informativa para recabar opiniones de los verdaderamente interesados, la reforma a la ley del transporte se hizo como un albazo difundido ante la opinión pública cuando ya estaba hecho el tiro… Hecha la ley, hecha la trampa, sin fijarse en las consecuencias catastróficas que iba a tener ni el efecto “boomerang” en contra del propio gobierno de Mario Anguiano Moreno, que supo atajar con la promesa de hacer modificaciones sustanciales a la citada ley tomando ya en cuenta las propuestas de los involucrados en el conflicto que se da, precisamente, de cara y rumbo a los procesos que de hecho arrancan en octubre con la instalación de los órganos electorales correspondientes y cuyas disposiciones deberán acatar, en el marco de la ley, todos los partidos y actores políticos correspondientes.

¿Que si el asunto se politizó y en el mismo andan metidos ya tirios y troyanos?… Claro, a eso se expusieron quienes, en un afán de “colaborar” en el asunto de la inseguridad que priva en Colima, no pensaron en algo mejor que tratar de meter a chaleco una modificación que, primero y antes que nada, atenta contra la dignidad de la persona al obligársele a portar en su persona, en su cuerpo, un chaleco lleno de números y letras, con el riesgo para ellos mismos.

Creemos que la sensatez y disposición al diálogo que caracterizan al gobernador será fundamental en la resolución de este conflicto.

Claro y contundente, el dirigente del Panal en Colima, Alfredo Hernández Ramos, dijo que si el candidato para la gubernatura es un profesor y, además, un profesor con servicio público de carrera y capaz, mucho mejor. Ni preguntar quién. A propósito, y rumbo a los proceso del 2015, dijo que ese partido ya realizó la reforma estatutaria solicitada en el marco de la reforma electoral vigente.

Otro que viene trabajando fuerte pero desde la plataforma de su partido, el PRI, es el secretario del Ayuntamiento villano, Alfredo Chávez. Cada vez es más evidente el respaldo y simpatía que tiene entre los sectores mayoritarios de dicho municipio.

Hasta en las vacaciones encontramos en el Tec Colima al director del mismo, el ingeniero Saturnino Castro Reyes, sacando pendientes y checando el desarrollo de los cursos de verano y el verano científico que, por esta fecha, aglutina a unos 55 grupos de carreras diversas.

Por cierto, este viernes será la graduación de 170 profesionales en un evento programado para las 10:00 de la mañana en el Salón de la Paz de dicha institución educativa.

Otra buena del delegado del Issste en Colima, doctor Guillermo Villa Godínez, quien arranca una transformación total y profunda de esa dependencia que había caído en una parálisis de años. Así, nos anuncia que ahora y por disposiciones del presidente EPN, en breve será puesto en marcha el programa “Nuevo Fovissste en Pesos”, que potenciará los montos de acceso a una vivienda digna para los trabajadores del estado… O sea, tendrán más recursos para mejores viviendas.