Referencias Políticas


Ley de Pensiones Civiles de Colima

Salvador Olvera Cruz.-

Desde hace tiempo la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Colima ha representado un serio problema, generado por los montos de pensiones y jubilaciones que tienen que cubrirse, pero más que nada, debido a que la normatividad de dicha ley no se ha manejado de acuerdo a lo establecido.

Lo anterior ha generado que el gobierno en turno y las autoridades municipales tengan que cubrir las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores en cesantía, caso que viene obligadamente a incidir en las finanzas estatales y municipales, al desprenderse de recursos que impiden el cumplimiento de obra pública y acciones en beneficio de la población.

En principio diremos que la Ley de Pensiones Civiles del Estado se basó en la Ley de Pensiones del Issste que surgiera en 1959, mediante el decreto signado por el presidente de la República de ese tiempo, Adolfo López Mateos, el 30 de diciembre de 1959, entrando en vigor el 1 de enero de 1960.

Antes de la creación del Issste, los trabajadores contaban a nivel federal con la llamada Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, que se transformó a partir de 1960 en el Issste.

Como resultado de lo anterior, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Colima se abocó a dar vida a la Ley de Pensiones Civiles en la entidad, tomando como resultaba natural lo contemplado en la Ley del Issste.

La Ley de Pensiones Civiles citada fue decretada el 28 de diciembre de 1962 por el gobernador Francisco Velasco Curiel, entrando en vigor el 1 de enero de 1963; es decir, tres años después de la Ley del Issste.

De hecho, el paso dado vino a favorecer en buena medida a la clase trabajadora al servicio del estado y municipios que se sumaron a dicha Ley; sin embargo, en el devenir de los tiempos, el manejo de los recursos observaron una serie de deficiencias que vinieron a ser insuficientes para cubrir las demandas de los trabajadores en cuanto a préstamos, apoyo para adquisición de viviendas y estipendios para jubilados y pensionados, entre otros rubros.

Sobre el tema, tenemos el caso de los trabajadores al servicio del municipio de Villa de Alvarez, quienes no son atendidos en el caso de préstamos y todo tipo de apoyos, por lo que reclaman el monto de lo aportado, sin que haya recursos para cubrir tal demanda a todas luces válida.

Si bien la Dirección de Pensiones estatal surgió acorde a las normas establecidas por el Issste, no se tuvo cuidado en su momento de sujetarse a ello, y menos seguir sistemáticamente las adecuaciones que tanto el Issste como el Imss tomaron en su momento para superar la problemática que en el correr de los años se hacía presente.

En realidad, el asunto se reduce solamente a tomar las determinaciones que a últimas fechas han tomado dichos institutos, pero por cuestiones de corte político, ha pasado el tiempo sin que se transite de acuerdo a las normas que a nivel nacional se han tomado al respecto.

Ante la problemática anterior y el hecho de que la Dirección de Pensiones Civiles del Estado no funciona, por lo tanto ya no debe existir, el diputado local Martín Flores Castañeda, secretario general de la Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, ha dado a conocer la propuesta para transformarla en un instituto fuerte y autónomo.

Indicó que desde hace más de 50 años no se ha atendido la ley que creó la Dirección de Pensiones, asegurando que el ordenamiento se ha aplicado de manera parcial, pues no se generaron los fondos suficientes por parte de los patrones ni de los trabajadores, ya que inicialmente había una aportación, luego se le recuperó al trabajador, sin que existan las reservas financieras en Pensiones, pues a partir de 1991 se estableció en la Ley de los Trabajadores, la obligación de jubilar por parte de la entidad pública y no de Pensiones. En ese sentido, consideró que éste es un asunto bastante complejo, que requiere grandes transformaciones sin que afecte a los derechos laborales.

Señaló que elevar de dirección a instituto es un caso ya planteado, la Secretaría de Finanzas y Administración y la Dirección de Pensiones tienen que hacer su esfuerzo porque se propone la desaparición de la Dirección de Pensiones y la creación de un instituto que le dé la fortaleza suficiente.

Lo anterior porque como era una dirección dependiente del propio ejecutivo que la presidía, la Secretaría de Finanzas, un representante de los ayuntamientos y uno de los trabajadores, finalmente no tenía todo el soporte legal, pero además de decisión, no tenía autonomía presupuestal ni financiera, por lo tanto, se generaron condiciones de inaplicabilidad de la ley.

Mencionó que ahora se tiene que generar una nueva ley que tenga viabilidad a futuro, se tiene que partir de un análisis profundo, de cuál fue el problema, el diagnóstico que se tiene y buscar la mejor solución para transformar la dirección a instituto, de ahí dar paso a una fortaleza en el sistema de pensiones del gobierno.

Finalmente, ponderó que la ventaja de tener un instituto de pensiones es que tendría autonomía presupuestal, técnica, legal y financiera, pero obviamente tendría la gran obligación de ser transparente y eficiente.