Referencias Políticas


Salvador Olvera Cruz

Los llamados salarios mínimos surgieron en nuestro país desde el momento que fuera promulgada la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de 1917.

Nuestra carta magna señalaba que el salario mínimo debería ser suficiente “…para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…”, determinándose que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno.

Entre 1917 y 1931, cuando entró en vigor la primera Ley Federal del Trabajo, el sistema de comisiones especiales previsto por el Constituyente, funcionó de manera precaria y anárquica, ya que la expedición de leyes de trabajo locales por cada estado de la federación se desarrolló con múltiples limitaciones, dando lugar en 1929 a las reformas constitucionales en las que se sustentaría la nueva legislación laboral federal.

En ese momento, aun cuando la federalización de la legislación laboral coadyuvó al gradual mejoramiento del cumplimiento de las normas laborales, también se apreciaron múltiples deficiencias en el sistema de fijación de los salarios mínimos, derivadas principalmente de que la división municipal, producto de diversos fenómenos históricos y accidentes geográficos, no guardaba relación alguna con las características del desarrollo económico regional ni con otros fenómenos económicos de alcance nacional.

En ese contexto, al iniciarse la década de los 60’s, se procedió a revisar el sistema y darle una estructura más acorde con la realidad, determinándose que la fijación de los salarios mínimos debería de hacerse por zonas económicas y no por municipios, a fin de armonizar el conocimiento general de las condiciones sociales y económicas de la República.

Como resultado de lo anterior se crearon, en 1963, una Comisión Nacional y 111 Regionales de los Salarios Mínimos, resultado de las reformas a la fracción VI del artículo 123 Constitucional y las correspondientes de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios mínimos.

Con lo anterior, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se constituyó en el eje central de un mecanismo sui generis, en el que ese sistema integrado en la forma descrita continuó prácticamente con la misma estructura hasta 1986.

En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados aprobaron una iniciativa del Ejecutivo que reforma sustancialmente el sistema, ya que la fracción VI establece, desde el 1 de enero de 1987, que los salarios mínimos serían fijados por una Comisión Nacional, lo que dio lugar a la desintegración del sistema de Comisiones Regionales.

El nuevo precepto constitucional dispone de amplia flexibilidad territorial en la fijación de los salarios mínimos, al señalar que éstos serán fijados por áreas geográficas que pueden estar integradas por uno o más municipios, de una o más entidades federativas, sin limitación alguna.

Sin embargo, es preciso señalar que el fin con que fueron creados los salarios mínimos en nuestra carta magna hace 97 años, éstos como la gran mayoría de postulados revolucionarios, han caminado al margen de las intenciones con que fueron creados, por no haber respondido nunca a satisfacer las necesidades normales de la clase laborante.

Lo único cierto es que la larga permanencia de los salarios en comento ha servido para que las grandes empresas manufactureras y de comercio, cubran bajos salarios a la clase laborante, al cubrirse estipendios muy por abajo de las necesidades de los hogares.

Lo anterior, porque si analizamos los costos de vida en nuestra entidad por citar nuestro caso, como del país en general, encontramos que cada hogar colimense de los grupos marginados, que son la gran mayoría, requieren cuando menos $10.00 diarios para pago de gas, $8.00 para pago de agua domiciliaria, $ 6.00 para energía eléctrica, $12.00 para transporte urbano, cuyo total que arroja la cifra de $36.00, superior al 50% de lo que marca el salario mínimo; pues en la zona “A”, en que se ubica Colima, es de $63.77.

Asimismo nos encontramos que en el caso de los llamados salarios profesionales, éstos no llegan a $100.00; porque de hecho sabemos que buena parte de la población recibe actualmente entre $2,400 y $3,000.00 mensuales, cantidad completamente irrisoria tomando en cuenta los índices de precios vigentes en productos de la canasta básica y de todo tipo.

Si bien en líneas anteriores dijimos que el gasto mínimo de los hogares es de $36.00 en lo relativo a servicios, a quienes perciben cien pesos diarios sólo les retan $64.00 para alimentación, vestido y educación, cifra que no les alcanza, ya que con la compra de un kilo de tortillas, sólo les restan $50.00.

Además, vale mencionar que con esos $50.00, deben cubrir el pago de renta, o en su defecto las mensualidades al Infonavit o empresas con quienes adquirieron vivienda, restándoles tan sólo unos cuantos pesos para su alimentación, resultando imposible la compra de carne de res; pues su precio en nuestros días oscila a un mínimo de ciento 10 pesos el kilogramo.

Sin embargo, vemos cómo en nuestros días con motivo de la consulta emprendida a nivel nacional de parte de partidos políticos para incrementar los salarios mínimos, los dirigentes sindicales en nuestra entidad señalan un claro desconocimiento de la realidad, al pronunciarse por una cifra entre 80 y 90 pesos, que dicen pudiera ser muy digno, pese a que dicho monto no ajusta ni para un kilo de carnes de res.

Como nos podemos dar cuenta, nuestro país se encuentra en una crisis histórica en cuanto a calidad de vida, en la que poco o nada se habla de poner coto en forma concreta y segura a superar las desigualdades salariales persistentes.