Referencias Políticas


Salvador Olvera Cruz.-

La educación ha sido desde siempre un factor de primer orden para otorgar empleos de toda naturaleza e índole, pues en el siglo pasado, durante buen tiempo, se exigió como indispensable contar con el certificado de educación primaria, para luego ser el de estudios de secundaria el documento indispensable, sobre todo para quienes aspiraban a un empleo burocrático o de servicios en las instancias de los tres niveles de gobierno.

Además, el aspirante tenía que contar también con su cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, en tanto quienes laboraban en el campo obrero, en todos sus giros y ocupaciones, no enfrentaban esos requerimientos.

Hoy en día se reclama de mejor preparación, pues en todo tipo de empleos de servicios o empresas privadas se empieza a solicitar el certificado de educación media superior, así como en el campo obrero se requiere de mano de obra calificada, la cual se abreva en los centros escolares de nivel técnico.

En respuesta a lo anterior, el Gobierno Federal, a través de la SEP, ha decretado que el Estado tendrá la obligación de proporcionar servicios educativos desde preescolar hasta el bachillerato, estipulándose la obligatoriedad del Estado de brindar educación hasta este nivel.

Lo anterior, en los hechos, no se ha concretado plenamente, pues se está en la tarea de normar y definir las medidas suficientes y necesarias para que el nivel medio superior, al convertirse en parte del nivel básico de enseñanza y por su obligatoriedad, deberá ser gratuito.

Sobre este acuerdo, se realizaron reformas a los artículos tercero, cuarto, noveno, 37, 65 y 66, y adiciones al 12 y 13 de dicha legislación. El artículo tercero establece la obligatoriedad del Estado de prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. El artículo cuarto señala que es obligación de los padres hacer cursar a sus hijos la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

En tanto el artículo noveno dispone que además de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, el Estado promoverá y atenderá “directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos”, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la nación.

La adición del inciso IX Bis, al artículo 12, sobre las atribuciones exclusivas de la autoridad educativa federal, dice que a ésta le corresponde “coordinar un sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad educativa”.

Sobre este importante paso en proceso, vale precisar que buen número de normas nacionales e internacionales establecen que la educación es un derecho universal. Encontrándose entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 26 expresa: “Toda persona tiene derecho a la educación, en tanto la Constitución mexicana en su artículo tercero puntualiza: ‘Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”.

La motivación principal para considerar a la educación como un derecho deriva, fundamentalmente, de los beneficios sociales indirectos de la misma; pues está demostrado que los incrementos en el nivel de escolaridad de las personas se traducen en aumentos en su nivel de ingresos personales.

Como también está demostrado que las personas con mayores niveles de educación tienen mejor salud, viven más y son más felices; pero además como lo han sostenido pensadores desde Aristóteles, los mayores niveles de educación de los individuos se traducen en beneficios que alcanzan a toda la sociedad.

Como lo señala también sobre el caso la Ocde, las personas más educadas tienden a participar más en actividades cívicas. Un país con buen nivel de educación atraer mayores inversiones y, por tanto, genera mejores oportunidades de empleo; los mayores niveles de felicidad individual homogénea están relacionados con menor incidencia de crimen, entre otros apartados.

Todo lo anterior viene a colación debido a los incrementos de aranceles de admisión y mensualidades que la Universidad de Colima ha establecido para el próximo semestre, los cuales por segunda vez en la presente administración se elevan, representando serios problemas para los padres de familia y pérdida de oportunidades de estudio para las nuevas generaciones, tema que ampliaremos mañana.