Referencias Políticas


Salvador Olvera Cruz

CIAPACOV Y SU PESIMA ADMINISTRACION

Cada fin de año la población espera conocer el salario mínimo que percibirá a partir del año siguiente, el cual supuestamente se ajusta a la inflación, sin que el porcentaje oficial rebase la citada inflación para que la gente pueda vivir con mejor calidad de vida.

Lo anterior ha venido a repercutir a que en el correr de los años la población antes de mejorar su economía, vaya acumulando menor capacidad para cubrir las demandas que todo hogar reclama.

La situación anterior se ve cada día más regresiva al darse las alzas en lo relativo a los incrementos que se hacen a los impuestos, servicios y todo tipo de productos de la canasta básica, mercancías y productos que resultan indispensables para el núcleo familiar.

Abundando sobre el tema vale mencionar que en muchos casos las nuevas tarifas de servicios pese a estar establecido que los incrementos deben indexarse a los marcados para el salario mínimo, no se cumple; las alzas se dan por encima, situación que viene a complicar más la economía de los hogares.

La situación anterior reclama sin duda la atención del Congreso del Estado; integrado por legisladores que si bien tienen el deber y compromiso de calificar las cuentas públicas del gobierno estatal y municipales, incluyendo los organismos responsables del servicio de agua domiciliaria entre otros, deben también atender las demandas de sus representados, cuando se cometen abusos que lesionan en el bienestar de la gente.

De hecho al Poder Legislativo le asisten en buena medida los compromisos de abordar lo relativo a leyes y decretos que de su seno emanen en el marco de los procedimientos ordinarios, de reforma constitucional y especial.

En el procedimiento ordinario se encuentran los pasos referentes a iniciativas, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación y finalmente fecha de inicio de vigencia.

El procedimiento de reformas constitucionales se refiere a que la Constitución no debe ser una institución inmutable, por lo que se contempla la necesidad de un órgano permanente con facultades para modificarla: El Constituyente Permanente.  Su justificación es la adaptación del texto constitucional a la cambiante realidad política y la corrección de las lagunas que pueda tener.

Y la función de control referente a los renglones presupuestario o financiero, político, jurisdiccional y administrativo.

En ese contexto de atribuciones el Congreso del Estado inició el lunes de la presente semana en sesión ordinaria lo relativo a las cuentas públicas del ejercicio fiscal del año 2015 en que de acuerdo a la orden del día se incorporaron los dictámenes de las cuentas públicas de los organismos operadores del servicio de agua potable y de los municipios.

Se programó que posteriormente a la sesión del lunes, se convoque a sesión a más tardar hoy último de noviembre para discutir, analizar y en su caso aprobar los dictámenes con las cuentas públicas restantes, el Paquete Económico para el año 2017 del estado de Colima y las 10 leyes de Ingresos Municipales.

En la primera jornada de calificación de las cuentas públicas 2015, el director de la Ciapacov, Oscar Valencia Montes, logró la sanción más alta de los funcionarios públicos implicados al recibir una propuesta de resarcir más de 7.6 millones de pesos y dos años de inhabilitación por diversas irregularidades.

Lo anterior fue aprobado por mayoría de 17 votos y 7 abstenciones, dictamen que fuera leído por el diputado Santiago Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, destacando que a Oscar Valencia Montes, se le aplicó una sanción económica directa por 3 millones 422 mil 848 pesos, que es lo equivalente a los daños y perjuicios determinados por autorizar los pagos a trabajadores de confianza por concepto de bonos convenidos únicamente para personal sindicalizado, entre otras observaciones.

Otra sanción a Valencia Montes consistió en inhabilitación por 1 año y sanción económica resarcitoria directa por 3 millones 880 mil 389 pesos, que es lo equivalente a los daños y perjuicios determinados por omitir y exhibir documentación soporte en la que se acredite la propiedad a nombre del organismo operador, mediante documento ante el Registro Público de la Propiedad.

Asimismo se exhibe un contrato de comodato celebrado el 2 de septiembre de 2014, derivado de la modificación al programa Parcial de Urbanización publicado el 21 de junio de 2014. En el acuerdo mencionado se establece que dicho equipamiento será a costo total de la empresa promotora, pero el organismo operador erogó la cantidad de 7 millones 880 mil 389.72 pesos, de los cuales solo recuperó la cantidad de cuatro millones de pesos, restando la cantidad de 3 millones 880 mil 389.73 pesos por recuperar, con la finalidad de cumplir con lo establecido en el acuerdo citado.

De hecho podemos señalar que durante su gestión al frente de la CIAPACOV se dieron buen número de reclamos y protestas debido a cobros mayores al porcentaje en que se incrementaron los salarios mínimos, situación que fuera hecha del conocimiento de legisladores en turno, sin encontrar solución a sus casos.

El proceder del titular de dicha institución ha colocado a dicha dependencia entre las que cobra las tarifas más altas del país, al margen del deterioro que acusan las redes de agua domiciliaria y drenaje, generándose frecuentes fugas, que generan pérdidas del vital líquido y problemas a laos usuarios.

Resulta más que necesario que nuestros legisladores lleven a cabo un estudio a fondo de las tarifas que se cobran; sobre todo, en el caso de incrementos al margen de la norma establecida.

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