Referencias Políticas


Necesario resolver caso Zacualpan

Salvador Olvera Cruz

Desde el año pasado, la población de Zacualpan ha enfrentado serios problemas, originados en un principio por la oposición de la población a la explotación de una mina de oro, la cual se dijo vendría a contaminar el medio ambiente, sobre todo los mantos acuíferos que surten de agua a la población de la zona conurbada Colima-Villa de Alvarez.

Zacualpan es una de las localidades más alejadas de la cabecera municipal de Comala, cuya población es identificada por su ascendencia indígena, que en su mayoría realizan actividades económicas dentro del rubro de la agricultura.

Además, es una de las tres comunidades indígenas que tiene el estado de Colima, siendo las otras Suchitlán e Ixtlahuacán. Esta comunidad cuenta con el llamado Ojo de Agua, balneario ecoturístico, con el apoyo del municipio, Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Gobierno del Estado y operación del proyecto sustentable que garantiza la preservación del medio ambiente, la generación de empleos y el desarrollo social.

Cabe mencionar que este balneario es administrado por una dirigencia de comuneros y como resultado de la división entre la población que se opone a la explotación minera y que la autoridad anterior que manejó el lugar la aceptaba, se llegó el momento de cambio de autoridad, ganando la elección el grupo que se oponía a la explotación minera.

Sin embargo, el dirigente anterior recurrió, con el apoyo de sus simpatizantes, a la toma del balneario y dejar de prestar el servicio a los visitantes, creándose un nuevo problema que no ha sido resuelto hasta el momento.

Como resultado, el diputado local por Comala, Donaldo Zúñiga, manifestó que el clima de incertidumbre y violencia en la comunidad continuaba debido a que el balneario Ojo de Agua permanecía cerrado. Ante esto, el lunes de la presente semana y con la finalidad de buscar la solución, se hizo presente en la entidad la Misión Internacional de Observadores de Derechos Humanos para entrar a la comunidad de Zacualpan, intento que fracasó, a pesar del compromiso adquirido por el Gobierno del Estado y Federal para garantizar el acceso.

Sobre lo anterior, Taurino Rincón, presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, lamentó la incapacidad de los funcionarios federales y del secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, para dialogar con los comuneros afines a Carlos Guzmán, depuesto líder de la comunidad, para dar entrada a los Observadores y cumplir con su palabra en varias reuniones celebradas previamente con los activistas.

Abundando sobre el asunto, señaló que ni con más de 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva, patrullas y una tanqueta, que estaban a la expectativa, convencieron a los habitantes de retirar el bloqueo en la entrada a Zacualpan.

Por su parte, el procurador del estado, Marco Santana Montes, advirtió que está garantizado el libre tránsito para acceder a la comunidad de Zacualpan y no se permitirá un nuevo bloqueo, aseverando que se generaron las condiciones de acceso antes de que llegaran los activistas en materia de derechos humanos, pero refirió que cuando llegaron las personas, los habitantes impidieron el paso, por ello lo primero que agotaron fue el diálogo para lograr el libre tránsito.

En ese sentido, hizo saber que dejarán en la zona fuerza pública de la policía estatal e investigadora para garantizar el orden y paz en la comunidad, como también indicó que en la disputa por el balneario Ojo de Agua, dijo no poder pronunciarse sobre el tema porque se trata de una propiedad comunal, donde debe revisarse si el gobierno tiene jurisdicción en el caso.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda, dio a conocer que utilizar la fuerza pública para desbloquear el camino al Ojo de Agua, Zacualpan, ahondaría más el conflicto.

“No creemos que deteniendo a la gente que bloquea un camino o calle se solucionará el problema, lo ahondaríamos. Lo necesario son acuerdos, aunque nos tome más tiempo, trabajo y esfuerzo”.

Dijo que como gobierno han buscado que haya acceso mediante diálogo y búsqueda de condiciones, al mismo tiempo que reconoció que existen problemas en Zacualpan con dos visiones distintas.

Una de ellas, busca que haya participación de asesores, gente que les da información e indica, propone por dónde solucionar los problemas y otro que entre ellos se resuelvan sus problemas, con diálogo y no haya injerencia externa, porque esas han provocado que ahonden el conflicto y se maximiza.

El delegado de la Secretaría de Gobernación en Colima, Víctor Gandarilla Carrasco, expresó haberse reunido con la Misión Nacional e Internacional donde escucharon la solicitud original, además de que el escrito que enviaron fue en el sentido de analizar una concesión de una mina, en Zacualpan, y ver el impacto ambiental que tendría, dándose la determinación fue que no hay ni habrá mina, ya que Zacualpan está libre de explotación minera.

En tanto, para la Misión Internacional de Observación del Caso Zacualpan, activistas de diferentes organizaciones no gubernamentales, afirmaron que existe un contubernio entre funcionarios públicos para impulsar el proyecto minero, que detonó el conflicto entre la población indígena.

Con todo lo anterior, queda en claro la necesidad de superar un trance que pudiera generar problemas de mayor trascendencia.