Referencias Políticas


Salvador Olvera Cruz

Fuero, inmunidad e impunidad

Al inicio de esta semana, legisladores del PRI y Nueva Alianza dieron a conocer que el proceder a veces violatorio de las leyes por servidores públicos, que debieran ser un ejemplo a la comunidad, genera un reclamo social de injusticia e inequidad entre la población.

En ese sentido, los legisladores señalan que para que la acción de la justicia no se retrase cuando un representante popular es denunciado penalmente, presentaron una iniciativa de ley para que diputados locales y munícipes no gocen de fuero constitucional.

De hecho, el fuero del que gozan los diputados federales y locales, senadores, alcaldes gobernadores y servidores públicos, es algo que desde hace tiempo se ha venido analizando no sólo en nuestra entidad, sino en el país y buen número de naciones; pues a la sombra de dicho fuero se generan actos y hechos violatorios a la ley.

Sistemáticamente se ha analizado sobre la inmunidad parlamentaria y/o fuero constitucional, así como su evolución, toda vez que mientras algunos autores manejan indistintamente ambos términos, otros hacen algunas diferencias entre ambos, al mencionar que la inmunidad parlamentaria es en todo caso el género y el fuero la especie, así como la gran disyuntiva que existe actualmente sobre el otorgamiento de licencia y la suspensión o no del fuero a través de ésta.

Sin embargo, retomando la propuesta de los diputados del PRI y Panal a nivel local, para que los diputados y presidentes locales carezcan de fuero, es una medida corta si lo que se pretende es que la justicia no se retrase por el citado fuero, pues se deja de lado a representantes populares, como gobernadores y servidores públicos, que en los hechos, a la sombra del fuero, cometen serias violaciones a las leyes que nos rigen.

Según el argumento de los legisladores de los partidos mencionados, se estima que es el momento de poner a consideración retirar el fuero a los munícipes y diputados locales, para que cuando sean denunciados penalmente no exista la necesidad de seguir el procedimiento de desafuero en el Congreso.

El fuero es una garantía parlamentaria porque los miembros del Congreso no pueden renunciarla y si alguno voluntariamente se sometiera a los tribunales que quisieran enjuiciarlo por opiniones vertidas al hacer uso de la tribuna, el juez carecería de jurisdicción para procesarlos, pues un representante popular no es sujeto penal de ningún delito cuya posibilidad se admita en la expresión del pensamiento.

En ese contexto, si los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas, es que al ser inviolables no son sujetos de responsabilidad penal y, por ende, ninguna jurisdicción represiva puede actuar en su contra.

Asimismo, como las opiniones pueden ser manifestadas en forma oral o escrita, dentro del desempeño de la función, la inmunidad abarca ambas formas de expresión del pensamiento.

Igualmente como al manifestar una opinión se puede difamar, calumniar, injuriar, etc., cualquier delito que resultare cometido con la manifestación del pensamiento, queda protegido por la inmunidad cuyo alcance tiene como único límite la posibilidad de emitir una opinión.

Los diputados locales de los partidos mencionados en su exposición de motivos indican que atendiendo el principio de igualdad jurídica, no existe justificante alguno para que se tenga que hacer una declaración de procedencia que le suprima la inmunidad a munícipes o diputados locales, ponderando que “todos, sin excepción alguna, debemos estar obligados a observar la ley en igualdad de circunstancias”.

Los legisladores del PRI y Nueva Alianza mencionan que “los cargos públicos deben ser para servir a los demás y no para abusar de los mismos, cometiendo arbitrariedades e incluso delitos al amparo de una inmunidad o fuero que proporcionan determinados cargos”.

Retomando la propuesta, éstos manifiestan que el fundamento de la figura del fuero es que no se interrumpa la función pública; sin embargo, tratándose de munícipes y diputados, existe la figura del suplente.

En ese sentido, la propuesta es mantener en el catálogo de servidores públicos con fuero al Ejecutivo del Estado, los secretarios de la administración pública estatal y magistrados del Poder Judicial. Asimismo, a integrantes del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, consejeros electorales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el procurador general de Justicia del Estado.

Vale decir que si con su propuesta buscan la senda de poner coto a conductas no sujetas a las leyes que nos rigen, su iniciativa debe generalizarse a todos los que gozan del citado fuero e inmunidad, pero más que nada parar la impunidad, que tanto incide en contra del destino y bienestar de la población.

Lo anterior porque la corrupción es en nuestros tiempos el cáncer más dañino que nos agobia, sin que la ley que la castiga se aplique, pues no deben olvidar nuestros diputados que la impunidad, del vocablo latino “impunitas”, es un término que refiere a la falta de castigo.