Que renuncie


René Macías Zamora*.-

Lo que estamos presenciando en México durante el gobierno de Peña Nieto, digno continuador del nefasto sexenio de Calderón, ya que es evidente la descomposición política, es el deterioro del sistema partidario.

Los pasados acontecimientos, principalmente los sucedidos en Guerrero, han puesto al descubierto en toda su magnitud el deterioro de nuestro sistema político.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los seis asesinatos, los 30 estudiantes desaparecidos de Cocula, el escándalo de corrupción de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, etc., obligaron primero a José Luis Abarca, edil de Ayotzinapa, a solicitar licencia al puesto y luego huir.

Igualmente se vio obligado el gobernador de Guerrero, Miguel Angel Aguirre, a pedir licencia para dejar su puesto. Sin embargo, se alzan voces exigiendo la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como responsable de lo ocurrido en Iguala.

A pesar de que al inicio del problema, los priístas y su séquito de voceros en los medios masivos de comunicación, Televisa y TV Azteca, trataron de inducir la creencia de que la culpabilidad era exclusivamente del PRD, como postulantes del munícipe y del gobernador. Se ha perfilado unánimemente que el PRI y el Gobierno Federal son responsables del clima de corrupción e impunidad que propiciaron los hechos.

Enrique Peña Nieto le ha dado el tiro de gracia a la soberanía y la independencia nacionales, con el apoyo de los parlamentarios fascistas del PRI, del PAN, de algunos lamebotas del PRD y demás partidos paleros. Se ha mantenido cada vez de forma más precaria mediante una represión cada vez mayor, reduciendo paulatinamente las posibilidades de una democracia formal porque no la desean, no la toleran.

Remedo de democracia que siempre estuvo representada, limitada y manchada por los gobiernos de quienes usurparon  la Revolución Mexicana, en cuyo nombre gobernaron durante decenios, manteniéndose alejados de los trabajadores y de la justicia por sus intereses de clase y por su dedicación a la rapiña, al saqueo del país, dedicados a enriquecerse y construir relaciones capitalistas.

Peña Nieto es un nuevo Santa Anna en pequeño, gobierna para el capital extranjero y para una exigua oligarquía que concentra la riqueza. Anuló la soberanía alimentaria, la energética, la militar, la política. Destruyó el mercado externo y manda el excedente de trabajadores a la emigración sin protección alguna. Además, el país está ilegalmente militarizado y los que deberíamos ser ciudadanos, somos, en realidad, súbditos y rehenes.

Es claro que los únicos inocentes somos los ciudadanos de a pie, ciudadanos que de ninguna manera tenemos responsabilidad de los hechos. Tampoco podemos culpar a toda la militancia priísta, la mayoría de ellos simpatizantes que no participan de las decisiones que toman las cúpulas de ese partido. Mismo caso para la militancia y diversas corrientes dentro del PRD; de hecho, la corriente conocida como Izquierda Democrática Nacional (IDN) denunció en su momento, ante el Gobierno Federal y la PGR, la candidatura de Abarca, mostrando documentos que evidenciaban la acusación y proceso en su contra por el asesinato de tres personas, militantes del PRD. Es por eso que también se han escuchado voces críticas exigiendo la renuncia de Navarrete, presidente nacional del PRD.

Esas renuncias es lo mínimo que se les puede exigir. Todo en busca de justicia, en busca de conocer la verdad, en busca de los desaparecidos y sobre todo, en la búsqueda de mecanismos que garanticen que no vuelva a ocurrir nada ni siquiera parecido.

Para lograr esa justicia y acabar con el contexto de corrupción y de impunidad en que dieron los hechos, es necesario realizar drásticos cambios, una verdadera modernización, una nueva Constitución. Sin embargo, es claro que esos cambios no pueden provenir de las mismas instituciones responsables del actual estado de cosas.

La única modernización posible en México deberá provenir necesariamente de un gobierno de los trabajadores que disuelva el Parlamento, controle la justicia y convoque a una nueva Asamblea Constituyente. Buscar y promover la autorganización popular, ampliar el concepto de las policías comunitarias y de las autodefensas. Organizaciones populares que deben coordinar y ser la base de la resistencia civil que debe trabajar para imponer un cambio social profundo y popular.

Limitarse a pedir en abstracto un nuevo Constituyente, es pedir que el actual Congreso modifique la Constitución, equivale a pedirle a este gobierno que sea justo, legal y organice elecciones limpias. En pocas palabras, eso es imposible. El grado de putrefacción de esas instituciones les impide cualquier acción de verdadera renovación porque iría forzosamente en su contra.

Regidor del PRD en el Cabildo*