Nada a nadie


Gerardo Galarza

 

En cualquier sistema democrático, el ciudadano tiene derecho a oponerse a las decisiones del gobierno, a protestar por ellas y buscar revertirlas. Para eso se creó -no, no, este verbo no es una equivocación- la democracia.

Generalmente, las protestas ciudadanas ocurren cuando el gobierno viola el Estado de derecho, que es, digámoslo así, la casa de todos.

Es probable que alguna decisión gubernamental no afecte a todos los habitantes de esa casa, pero sí a algunos, muchos o pocos, no importa.

Entonces surge la protesta e incluso la resistencia. Para eso es la democracia. Que los ciudadanos inconformes estén equivocados, no importa. Tienen el derecho a protestar y resistir. El gobierno debe dar respuesta a esas demandas, incluida la del -no, no se asusten ni se rasguen las vestiduras, que eso dice la teoría política del Estado- uso de la fuerza pública cuando esas protestas no sean legítimas y atenten contra los derechos de los demás.

Que los ciudadanos tengan garantizado los derechos de libre expresión y de manifestación es fundamento de la democracia. Así, sin más. Pero, los ciudadanos también tienen obligaciones. La primera: Respetar los derechos de los demás, los de aquellos que no están de acuerdo con ellos o que aunque apoyen sus demandas no comparten sus métodos de lucha.

En este país hay quienes creen y sostienen que si sus protestas no afectan los derechos de los demás, éstas no tendrán ningún efecto porque el gobierno no les hará caso alguno. Eso creen y así actúan.

En su actividad reporteril, el escribidor ha “cubierto” cientos, quizás miles, de diversos actos de protestas: Mítines, marchas, bloqueos, huelgas de hambre y de las otras, resistencias civiles, paros, performances, minutos de silencio… La mayoría absoluta en el ejercicio de los derechos constitucionales. Otras, algunas, fuera de la ley, agraviantes de los derechos de los demás.

Pero de todas, el escribidor se queda con las del doctor Salvador Nava Martínez, quien sufrió la represión como muchos otros opositores mexicanos. Estuvo preso en la cárcel de Lecumberri; a él también le negaron los dineros federales que le correspondían como alcalde de San Luis Potosí y consiguió reformar el artículo 115 constitucional para garantizar realmente el municipio libre, a unos 70 años luego de que se plasmara en la Constitución. En sus más de 30 años de lucha, protesta y resistencia políticas, el doctor Nava siempre buscó no afectar los derechos de ningún ciudadano, incluidos los que estaban en contra de él y seguramente lo detestaban.

Así doblegó, por ejemplo y nada más para que conste, a presidentes como Carlos Salinas de Gortari, el mayor demonio de la política nacional si se hace caso de los comentarios presuntamente de los ciudadanos. De ese tamaño. Nava sabía lo que hacía. También sabía que no tenía ninguna cola que alguien le pudiera pisar. Nunca recibió privilegio alguno ni dinero que no hubiera ganado en ejercicio de su profesión, la de médico de pueblo.

En 1991, luego del fraude electoral contra su candidatura a gobernador, Nava encabezó multitudinarios mítines de protesta, plantones y marchas. Buscó no afectar directamente a ningún otro ciudadano. Sus actos de protesta y resistencia se circunscribieron a las plazas o calles en los que fueron convocados. Sus bloqueos fueron programados por horas y así anunciados. Sus seguidoras tomaron el kiosco de la Plaza de Armas de la capital potosina, que se llenó de mantas y pancartas. Y sólo ese espacio estaba ocupado: Todos podían circular por esa plaza y hasta disfrutar del oficial Grito del 15 de septiembre, sin más molestia que la de ver y saber que ahí había una protesta.

Esas mismas mujeres decidieron plantarse en la entrada principal del Palacio de Gobierno, luego de que Salinas de Gortari decidió consumar el fraude electoral, por el que Fausto Zapata sería gobernador de San Luis Potosí. Todavía hoy viven muchos de quienes vivimos esas jornadas, de un lado y del otro, y de quienes informábamos. No hay probabilidad de mentiras, aunque sí de acomodos.