Mejor distribución de los recursos fiscales


Mario Acevedo Manzano

Los ingresos que reciben las entidades y municipios de la República, provenientes de la hacienda pública federal, se dividen en dos grandes grupos: El primero son las participaciones federales estipuladas en la Ley Federal de Coordinación Fiscal y el segundo, las Aportaciones del Gobierno Federal a cada una de las entidades y municipios; en cuanto a participaciones, se distribuyen a cada entidad de la siguiente manera:

Se establece una Recaudación Federal Participable (RFP), digamos una bolsa repartible en base a los principales impuestos, como son: ISR, IVA y otros conceptos, de esta gran bolsa a repartir con la denominación de Fondo General de Participaciones el Gobierno Federal a las Entidades de la Republica, éste se queda con el 80% y reparten el 20%; a su vez, cada entidad se queda con el 80% de lo que recibe y distribuye a todos los municipios el 20% entregando.

La distribución del 20% de la RFP a cada entidad se hace en base a su población, desarrollo económico y capacidad recaudatoria de los impuestos estatales; la SHCP es la ventanilla de trámite de la distribución a todas las entidades por medio de una fórmula de coeficientes inexplicable en su lectura por sus matices y matrices matemáticas en criterios definidos por la SHCP que no deja satisfechos a los especialistas, por ser la población el porcentaje más alto de distribución; por ello, las entidades de poblaciones pequeñas como Colima subsidian de hecho a las entidades con el mayor número de habitantes, como la CDMX por ejemplo y resulta que se transfieren recursos fiscales recaudados en Colima a la CDMX.

Se observa una distribución no equitativa en la RFP entre la federación y entidades, ¿cuáles son los criterios para el 80-20?, ¿por qué la federación se lleva la mayor parte, cuando por lo menos debería ser mitad y mitad? La única explicación lógica a estos porcentajes es el poder del presidencialismo y/o centralismo que existió cuando en el régimen de López Portillo fue aprobada la actual Ley Federal de Coordinación Fiscal y por la falta de soberanía del Congreso de la Unión, al aprobase la Ley de Coordinación Fiscal, el Poder Legislativo fue lacayo y sumiso al Poder Ejecutivo y tanto diputados y senadores representantes de las entidades de la República fueron sometidos por el poder del presidente y no defendieron a sus estados, por ello el Gobierno Federal se despacha con la cuchara grande de 80-20 del total de la recaudación fiscal.

Los mexicanos hemos vivido las consecuencias de la centralización y presidencialismo omnipotente; de hecho, federalismo Vs. centralismo es un debate ya superado desde el Siglo XIX, pero el verdadero federalismo es el fortalecimiento de los estados y municipios, y no puede haber mayor fortalecimiento que el uso del dinero fiscal en el desarrollo regional de cada entidad de la República.

Un nuevo federalismo fiscal es necesario para hacer una distribución más equitativa de la riqueza fiscal y que cada entidad de la República reciba sus ingresos fiscales de acuerdo a lo recaudado en su territorio y sea evitable para cada entidad transferir parte de sus recursos fiscales a las entidades con menor recaudación, cuando debe ser obligación del Gobierno Federal apoyar aquellas entidades que tengan menores ingresos fiscales.

Las aportaciones del Gobierno Federal a cada entidad son recursos atados y específicos a un tema determinado, como seguridad pública, fortalecimiento municipal y otros. Para su distribución se establece un Fondo por una cantidad específica y a cada entidad federativa le proporciona una parte, en base a los mismos criteriosos establecidos por la SHCP en la distribución del Fondo General.

La vulnerabilidad de las finanzas públicas estatales es parte de la falla estructural de origen cuando SHCP trata con el mismo rasero a todas las entidades del país, sin considerar el desarrollo regional en cada una, y es precisamente el hecho de que en las entidades existe un desarrollo estatal desigual, mientras existen entidades con un desarrollo económico por debajo de la media nacional, como es el caso de la mayoría de los estados sureños y otras entidades con mayor crecimiento al promedio nacional, como es el caso del centro del país; entonces, aquellas entidades con mayor crecimiento económico y, consecuentemente generadoras de mayores impuestos, están financiando a la entidades de menor desarrollo industrial. O sea, se está castigando a las entidades de mayor desarrollo económico cuando, el desarrollo económico de cada estado debe ser compensado con mayores impuestos y, de esta forma, hacer una…

Continuará…

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