MAM solicita juicio político a ex funcionarios


Anilú Salazar Mejía

Como parte de su defensa jurídica, el ex gobernador Mario Anguiano presentó Denuncias de Juicio Político en contra del ex gobernador interino Ramón Pérez Díaz, de Arnoldo Ochoa González, quien fuera secretario general de Gobierno y en contra de Carlos Armando Zamora González, en su calidad de titular del Organo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), y del diputado Santiago Chávez Chávez.

Asimismo, ante el Congreso del Estado presentó Denuncia de Responsabilidad Administrativa en contra de Carlos Arturo Noriega García, en su calidad de Secretario de Planeación y Finanzas por contratar y ejercer los recursos del crédito por 638 millones de pesos y por omisión en el cumplimiento a las obligaciones contraídas como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento al crédito autorizado en el Decreto 565.

Por otra parte, Mario Anguiano informó que los Licenciados Marcos Santana Montes y Felix Humberto Vuelvas Aguilar, dejan la representación legal de su defensa, en razón de que fueron invitados a participar en un proyecto cuya actividad es incompatible con la defensa legal en la que estaban participando.

INTERES MEDIATICO

Igualmente, mediante un comunicado, el ex gobernador mencionó que dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 20/2016 que se instruye en su contra, presentó ante la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, su respuesta a las observaciones en materia de responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos que se le plantearon en el Decreto número 112 aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura Local.

En ese sentido, el ex mandatario colimense, mostró con claros y contundentes argumentos jurídicos y pruebas documentales, “que carece de la más mínima lógica y sentido común el Dictamen que da origen al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”; y señaló que “es incongruente y adolece de sustento legal, al contener aberraciones que denotan un claro y doloso interés mediático y político”.

En su respuesta, Anguiano Moreno dejó claro primero que no aceptaba el sometimiento al procedimiento que lleva a cabo dicha Comisión de Responsabilidades y, entre otras, expuso dos razones:

a).- Porque ni el OSAFIG, ni la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos le otorgaron el derecho o garantía de Audiencia y de Defensa que la ley otorga, con cuya irregular conducta, precisó, de manera ilegal e indebida dichos entes llevaron a cabo el procedimiento, le declararon públicamente culpable y presentaron propuestas de sanciones, sin haberle otorgado el derecho de ser escuchado y revisados sus argumentos y pruebas.

b).- Dado que no obstante que la instrucción del H. Congreso era revisar el crédito de 638 millones de pesos, el OSAFIG hizo revisiones no sólo del crédito, si no de aspectos del año anterior, con lo cual evidentemente se extralimitó en sus funciones.

El ex mandatario estatal precisó que, por lo que respecta al primer aspecto (el no haberle otorgado el derecho de audiencia), presentó una demanda de amparo, que está haciendo analizada por el Poder Judicial de la Federación, en la que se le plantea que se respete la garantía de audiencia y defensa por parte del Osafig, dentro del propio procedimiento de fiscalización.

En un segundo aspecto, y al referirse al mismo crédito, Mario Anguiano precisó que su administración lo solicitó ante el Congreso, pero para hacerlo efectivo y darle el curso legal adecuado, como lo había mandato el legislativo en el decreto correspondiente, se conformó una Comisión Especial de Seguimiento del Decreto 565, misma que está integrada por un representante de cada una de las fracciones parlamentarias del Congreso.

Adicionalmente, respecto al mismo crédito, quienes hicieron la solicitud al Banco Interacciones, quienes recibieron el crédito y quienes lo ejercieron fueron el ex gobernador interino Ramón Pérez Díaz, el entonces Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y el Srio. de Finanzas y Planeación, Carlos Arturo Noriega García.

No obstante estas dos circunstancias, explicó el ex gobernador Mario Anguiano, en el informe del Osafig y en el dictamen de la Comisión de Hacienda, a todas estas personas no se le señala ninguna observación.

“Si el Osafig y la Comisión de Hacienda consideran que la contratación y el ejercicio del crédito fue indebido, que es lo que están sancionando, entonces dicha sanción debería recaer en quienes realizaron tales actos”, definió Mario Anguiano. Para ello, expresó “estoy presentando los elementos de prueba en la respuesta a la Comisión de Responsabilidades”.

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