Horror que no para


Pascal Beltrán del Río

El país no termina de superar el relato terrorífico y nauseabundo de Guerrero cuando ahora hay que tragarse la historia de Veracruz: si las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de ese último estado son correctas, tenemos otro caso de un alcalde asesino que utiliza a la Policía Municipal como su grupo de sicarios. La pregunta es: ¿Cuántos más?

El domingo por la tarde, la procuraduría veracruzana dio a conocer el testimonio de Clemente Noé Rodríguez Martínez, integrante de una extinta policía intermunicipal, quien habría participado, junto con otras cinco personas, en el secuestro y asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

Director del semanario “La Unión”, que se edita en Medellín de Bravo, Sánchez Cerezo fue sacado violentamente de su domicilio por hombres armados, el dos de enero y asesinado ese mismo día, presuntamente por órdenes del alcalde Omar Cruz Reyes.

“En su declaración, Rodríguez Martínez reconoce que Moisés Sánchez Cerezo fue sustraído de su domicilio con la única intención de privarlo de la vida al haber hecho publicaciones por diferentes medios de comunicación en las que denunciaba los hechos delictivos sucedidos en Medellín”, dijo en Xalapa el procurador estatal, Luis Angel Bravo.

El asesinato del periodista, cuyo cuerpo apareció en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, habría sido coordinado por Martín López Meneses, un hombre que lo mismo fungía como subdirector de la Policía de Medellín que como chofer y escolta del alcalde.

De acuerdo con la confesión de Rodríguez Martínez, esa persona ofreció a un grupo de narcomenudistas que, a cambio de matar a Moisés Sánchez, recibirían la protección de la autoridad.

El líder de la banda, apodado “El Harry”, contactó a Rodríguez Martínez y le propuso participar en el secuestro y homicidio.

A decir de este último, el periodista Moisés Sánchez había “alborotado el panal” de la venta de droga en la colonia El Tejar, donde operaba la banda, que desde diciembre de 2014 no había podido realizar su negocio a causa de las denuncias en “La Unión”.

El viernes dos de enero, el periodista fue sacado de su casa por un grupo en el que iban Rodríguez Martínez, “El Harry” y otros hombres. En el secuestro, de acuerdo con el mismo testimonio, recibieron el apoyo de dos motociclistas de la Policía Municipal.

El relato del asesinato da escalofríos, pues a Moisés Sánchez le cortaron el cuello cuando estaba vivo, al estilo de los terroristas del Estado Islámico. Posteriormente su cuerpo fue descuartizado, con la finalidad de que no pudiera ser encontrado.

El que un alcalde pueda ordenar un asesinato así, en un país aún conmocionado por los hechos de Guerrero, es prueba de que campea la más absoluta impunidad.

Y el que un grupo de personas pueda dar una muerte con esas características a un ser humano que ni siquiera conocía -Martínez Rodríguez relató a la PGJ de Veracruz que no estaba enterado de que Sánchez Cerezo fuera periodista- y dejar el cuerpo en condiciones para no ser reconocible ni por su propio hijo, habla de una degradación sin nombre.

Cuando se escucha hablar a los presuntos asesinos de Iguala-Cocula y Medellín en los videos grabados por el Ministerio Público, no se asoma un gramo de arrepentimiento, ni siquiera por haber sido atrapados.

La indolencia de las autoridades ha dado lugar a la impunidad, un círculo vicioso cada vez más violento. Pero la sociedad en general también ha fallado, pues ha producido individuos de absoluta sangre fría, capaces de degollar y deshacerse de cadáveres, a cambio de mantener una actividad económica.

La mayor parte de las investigaciones psicológicas sobre violencia criminal coinciden en que para que alguien mate con tal saña debe darse primero una cosificación del otro y romperse las redes de protección social que inhiben el delito. Peor aun cuando esos individuos se asocian al poder, o de plano forman parte de él.

Espanta que aún nadie atine a dar una respuesta clara sobre por qué personas como José Luis Abarca y Omar Cruz puedan llegar a convertirse en una figura tan central en la vida de una comunidad como es un presidente municipal.

Ojalá no, pero es probable que lo que estemos viendo en Iguala-Cocula y Medellín sea la punta de un iceberg de enorme perversidad, una coalición crimen-poder sin precedentes en la historia de México. Una falla posible es que no estemos leyendo las cifras de índice delictivo.

Investigaciones periodísticas han probado que las desapariciones ya eran un problema en Iguala y otros puntos del norte de Guerrero mucho antes del ataque contra los normalistas.

Tan es así, que han sido localizados 39 cuerpos en fosas clandestinas de ese municipio, de los cuales tres han sido identificados, en buena medida gracias al trabajo de la reportera Claudia Solera.

En el caso de Medellín, las denuncias de Moisés Sánchez Cerezo sobre la inseguridad en el municipio no estaban fuera de lugar.

De acuerdo con la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Medellín de Bravo -una demarcación un poco más grande que la delegación Xochimilco, con una población de 70 mil habitantes- registró 15 homicidios dolosos entre 2011 y 2014, además de un secuestro y una desaparición.