Griselda cobraría los $74 millones de Fondeport a API

(Imagen ilustrativa)

Aunque se tiene el dinero falta la aprobación de la Unidad de Inversiones de Hacienda

La presidenta municipal entrante, Griselda Martínez Martínez, podría ser quien cobre los $74 millones que aceptó pagar la API Manzanillo por la vialidad confinada en la zona industrial de Fondeport, utilizada como transferencia portuaria entre San Pedrito y la Zona Norte.

El alcalde saliente Enrique García Pérez, calificó como un logro haber concretado esta negociación que tenía ya muchos años trabada, “recursos que podrán usarse para la obra pública en favor de los manzanillenses”.

García explicó que la urgencia de concretar esta negociación fue por asegurar la transacción, “yo no quise dejar que pasaran más directores de API y más administraciones municipales sin que ese dinero llegara a los manzanillenses”.

Dejó en claro que esta cantidad multimillonaria es por concepto de una vialidad que ya prácticamente es de uso exclusivo de la Administración Portuaria Integral (API), estando dentro del marco de la legalidad.

Esta semana poco antes de que venciera el plazo fijado en la subasta promovida por el ayuntamiento, la API entregó oficio aceptando la compra-venta; sin embargo, el trámite para la liberación del recurso demorará, ya que aunque se tiene el dinero falta la aprobación de la Unidad de Inversiones de Hacienda.

En días pasados, en entrevista exclusiva concedida a directivos de El Noticiero de Manzanillo, el director portuario Noval Nicolau fue muy claro al precisar que desde hace varios años a la API se le había entregado en comodato la mencionada vialidad, motivo por el cual hoy la tienen en posesión y se le dotó de la infraestructura que cuenta, refiriéndose a un área aproximada de 7.68 hectáreas.

Aclaró que ese comodato no fue de buena intención ni gratis, ya que a cambio se realizaron 21 obras que se denominaron “compensatorias”, ejecutadas con recursos de la API en favor de la ciudad, por lo que se puede calificar dicha acción como un “intercambio”.

Detalló que cuando inició la intención de realizar una compra-venta, la Alcaldía de aquel entonces pedía $168 millones por dicha vialidad; no obstante, el avalúo ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) arrojaba un precio de 68 millones de pesos, prácticamente menos de la mitad de lo que se pedía.

Por tal motivo la API se vio imposibilitada durante años en concretar esta negociación, simplemente porque no se le permitía pagar un monto superior al arrojado por el avalúo oficial.

Ovidio Noval explicó que el ayuntamiento recientemente presentó un nuevo avalúo que redondeando la cifra arroja la cantidad de $75 millones, motivo por el cual requieren una modificación al presupuesto que ya se tenía aprobado, destacando que se trata de un trámite que podrá tardar algunos meses, pero que será un hecho la aprobación.

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