Gestión Pública


Alex Casarrubias García*

“La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir”. Miguel de Cervantes.

La década de los 90’s, del siglo pasado, significó para los puertos turísticos mexicanos el punto de inflexión, toda vez que se cambiaba el modelo de operación con mayor visión empresarial, pero también la propia industria de cruceros había migrado definitivamente al modelo de economía de escala, sustituyendo su flota con buques de mayor porte y por tanto mayor capacidad de huéspedes -que para nuestros destinos turísticos son visitantes-.

Cruceros más grandes significa que la cantidad de pasajeros que anteriormente se movilizaban en tres cruceros, en la década de los 90’s se hacía con uno. Esto también conllevaría el reto de las terminales portuarias para mejorar la organización y la infraestructura. Pero también buques más grandes representan menos arribos, aunque potencialmente mayor cantidad de pasajeros.

Una primera lección fue que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal con frecuencia esgrimía que las Administraciones Portuarias Integrales (API) no atendían adecuadamente a las navieras de cruceros, que las tarifas por uso de infraestructura portuaria se actualizaban cada seis meses, cuando la industria opera en escenarios de venta de hasta 18 meses; es decir, el crucero operado hoy en el puerto, se trabajó bajo esquemas de comercialización hace año y medio.

Poco a poco se fue gestando un entendimiento y en 1998 se realizó en Mérida la primera mesa de trabajo coordinada por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo con la industria de cruceros a través de la Florida Caribbean Cruise Association (Fcca). Uno de los acuerdos fue que las APIs sostendrían sus tarifas cuando menos durante dos años y con una anticipación de seis meses se le informaría de los nuevos costos. Con esto se empezó a superar la imagen de que se les trataba como contribuyentes en lugar de clientes.

Durante muchos años nuestro país había sido líder mundial en la cantidad de cruceros operados; sin embargo, no había definido su posición referente a la operación de esta industria.

Destinos como Cozumel, en donde es común que lleguen 10 o más cruceros en un solo día, dieron pauta para que el Gobierno Federal se planteara las preguntas clave y en diciembre de 2003, las Secretaría de Turismo (Sectur) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) organizaron los foros de consulta pública para definir la política pública de cruceros: Nueve de diciembre en Cozumel, 11 de diciembre en Huatulco y 12 de diciembre en Puerto Vallarta.

El 26 de agosto de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo mediante el cual SCT y Sectur dan a conocer la Política Pública de Cruceros, para dar “…rumbo y contenido a las actividades del Estado en esta materia, para fomentar la coordinación entre dependencias del gobierno federal y los gobiernos locales y a la relación de las administraciones portuarias integrales, operadores de terminales para cruceros, operadores turísticos y demás prestadores de servicios relacionados con la atención de cruceros en nuestro país”.

Luego de la publicación de esta política, los puertos mexicanos empezaron a recibir una mayor cantidad de cruceros y sus pasajeros, siendo el año 2008 el mejor en la operación.

Para 2009 el brote de influenza A-H1N1 generó que la industria de cruceros cancelara arribos a puertos mexicanos durante poco más de dos meses. Aunado a ello, la crisis financiera en Estados Unidos con efectos muy severos en California fue el detonante para que si bien en 2010 hubiera una ligera recuperación, algunas navieras ya anunciaban el reposicionamiento de sus buques, siendo Royal Caribbean International la que primeramente comunicó esto.

Posterior a ello, en 2011, hechos violentos en Mazatlán repercutirían para que la industria de cruceros recrudeciera su programa de reposicionamiento, en razón directa de que muchos huéspedes del crucero no desembarcaban para uso de los tours en el destino, con lo que rutas alternas reportaban mejores índices de rentabilidad.

Si bien los cruceros empezaron a pernoctar en Puerto Vallarta a partir de 2011, luego de un esfuerzo de la comunidad portuaria, fue precisamente durante 2013 cuando se tocó fondo y a partir de ese año, la recuperación empezó.

Ante lo anterior, es necesario que nos apeguemos a la Política Pública de Cruceros que tiene lineamientos muy claros y que incluso obliga a SCT y Sectur a presentar la evaluación de logros así como clarificar las tareas pendientes, además de transparentar las acciones.

La Política Pública de Cruceros fue una definición de Estado, que conlleva serios compromisos. Por el momento, la evaluación de ésta, indica que el rumbo se debe retomar pronto y con claridad, teniendo a SCT y Sectur como directos responsables de su ejecución. Claro, habrá más de algún servidor público, federal o estatal, que ni siquiera la conozca y que simplemente en su discurso diga que es una política “de la pasada administración”, cuando es un lineamiento al que se tienen que apegar.

Por ello, podemos decir que después de 10 años la Política Pública de Cruceros es un tema que muy seguramente se abordará en breve en la investigación académica, con el rigor de la metodología del proceso de las políticas públicas, para explicar la evaluación de lo que se ha hecho y de lo que voluntaria o involuntariamente se ha dejado de hacer.

*casarrubias.alex@gmail.com Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Unam. Maestro en Administración Pública por el Cide.