En la Mira


La minería demanda criterio ambientalista

René Montes de Oca.-

Ahora que la contaminación de dos ríos en Sonora exhibe la irresponsable explotación minera que se practica en el país, nos damos cuenta de la importancia del trabajo ambientalista, realizado en nuestra entidad hace unos meses, al rechazar enérgicamente la explotación de una mina de oro en Zacualpan.

En el fronterizo estado, los trabajos mineros del poderoso Grupo México, de manera irresponsable propiciaron que las represas se colapsaran y más de 40 mil metros cúbicos de peligrosos tóxicos se derramaran sobre dos ríos, situación que colocó los reflectores sobre la figura de su gobernador, el cuestionado político Guillermo Padrés Elías, de quien se dice, entre otras cosas, es el panista que más sirve al PRI en Sonora, un político demagogo, la figura que ahora ocupa las marquesinas del escaparate de la perversidad, el tráfico de influencias y la corrupción por lo menos en la zona fronteriza; aclarando, eso es lo que se rumora de él, pero estos calificativos, bien pudieran derivarse de la politización que ya ha contaminado el conflicto sonorense.

Afortunadamente, aquí en Colima, las cosas no llegaron a mayores, fueron los ambientalistas quienes trabajaron arduamente, concientizando a la población para rechazar un riesgoso proyecto, que podría afectar la fuente de agua más rica de la región, que surte del vital líquido a las poblaciones de Colima y Villa de Alvarez, precisamente las urbes más grandes de nuestra entidad.

Pero la problemática de Zacualpan también desencadenó una serie de acciones de los ecologistas colimenses, quienes pusieron al descubierto una problemática que por años se estaba minimizando, propiciando una explotación minera sumamente irregular en varios rumbos de nuestra entidad, situación que no se atendía debidamente por las autoridades, pero fue la presión de la denuncia ciudadana la que obligó a las instancias correspondientes a realizar su trabajo con más atención, detectando muchísimas anomalías, desde las más sencillas, hasta alguna tan graves que ameritaron decomisos de mineral y hasta detención de buques con cargamento irregular.

Los ecologistas presionaron con denuncias exponiendo incluso su integridad física, cuando se especulaba sobre el posible involucramiento del crimen organizado en las tareas ilegales de explotación minera. Vale la pena destacar el valor civil de la ciudadanía, puesto que fueron personas del pueblo los que hicieron un trabajo que les correspondía a los representantes populares, quienes en sus curules se supone que deben analizan, discutir, aprobar o rechazar las políticas a seguir en las tareas encaminadas al desarrollo de nuestra nación.

Ahora es el delegado de Economía en nuestro estado el que nos sorprende con su declaración temeraria, en el sentido de que una parte muy significativa de nuestro territorio está autorizada por la superioridad para ser explotada en minería.

Cuando iniciaba el asunto de Zacualpan, ninguna autoridad daba razón de la situación, nadie sabía nada, solamente se hablaba de “Rigoberto”, personaje que se hizo famoso como representante de la compañía que contemplaba el proyecto de la mina de oro. Pero luego llovieron las denuncias de minas en el clandestinaje, movilidad de cargamentos sospechosos y presencia de personajes extraños en territorio colimense.

Las autoridades federales, más a fuerzas que por iniciativa propia, tuvieron que hacer acto de presencia y romper su hermetismo, que no reflejaba otra cosa que incapacidad.

Ahora, sobre todo por una anunciada evaluación de su trabajo, los titulares de las dependencias federales que tienen que ver con la minería, andan muy activos, sobre todo mediáticamente, ya que algunos son tan pobres en capacidad que ni queriendo hacer el trabajo pueden mostrar eficiencia.

Lamentablemente, en Zacualpan, quedó una secuela que daña a un grupo ecologista, un hostigamiento crónico y el resentimiento de quienes tenían ya intereses creados en el proyecto de la malograda mina de oro. Pero este fenómeno no debe influir en el trabajo ambientalista, mismo que permanecerá de pie y alerta, pugnando siempre por el respeto a nuestros recursos naturales y al equilibrio ecológico.

Es oportuno estimular a estas personas que luchan por un ideal y máxime cuando se trata de cuidar nuestro patrimonio, la salud comunitaria y nuestro valores morales. Urge que en Colima inicie la lucha de Enrique Peña Nieto por una depuración nacional de las dependencia federales; es tiempo de inyectar honestidad, valores y patriotismo a un organismo saturado de una enfermedad grave, dolorosa y desgraciadamente crónica, que se llama corrupción.

 

PRESO POLITICO

 

Los sonorenses, entre sus demandas con motivo de la irresponsabilidad de los mineros que contaminaron las aguas de dos importantes ríos, exigen la liberación inmediata del indígena Yaqui Mario Rubio Romero, un preso político víctima del capitalismo. Esta acción gubernamental contra valientes activistas mexicanos, trasciende hasta tribunas internacionales de derechos humanos, máxime que ahora se habla de muchísimas garantías para las razas aborígenes del país. Esto debe servir de advertencia para que nuestras autoridades obren con sensibilidad y de manera inteligente en el nuevo conflicto que se está generando en la región indígena de Zacualpan, una población que a raíz de la lucha de intereses por la mina, quedó severamente fragmentada.