Editorial


Transparencia

 

La política es de tiempos y circunstancias, eso lo saben quienes ya la ejercieron y lo deben entender muy bien quienes aspiren y la ejerzan en cualquier ámbito de la vida pública. La política también es de estilos, de formas y de mensajes que, sean ocultos o no, sus lecturas siempre llevarán a otro terreno de la actividad política: Los estilos de gobernar.

Los ejemplos abundan, para bien o para mal. Algunos marcaron tendencia y pese a que ya han pasado muchos años, su impacto mediático fue tal que frases, slogans, aún permanecen, y hay otros que ni siquiera lograron permear en la sociedad, por su falta de creatividad.

Los tiempos y las circunstancias en las que el gobernador Ignacio Peralta asumió el poder han sido difíciles. No hay ingresos suficientes para cumplir con los compromisos inmediatos; la planeación está orientada a la precariedad financiera y la consolidación de un gobierno, pese a que ya va más de la mitad del primer año, ha sido lenta.

La circunstancia entonces en el momento político para Ignacio Peralta marcaba claramente que, la política que debía seguir su gobierno era la del uso escrupuloso de los recursos, pero más que eso, mostrar con claridad no sólo cómo, sino en qué se gasta el dinero público, sea federal o estatal.

La transparencia es pues, una política pública del actual gobierno en materia financiera, mostrando orden, equilibrio, pero sobre todo, enviando un mensaje de que las cosas son ahora de otra manera, para marcar una diferencia con el gobierno que le antecedió y proponiendo su propio estilo.

Tocó en esta parte al Gobierno del Estado transparentar los recursos federales con la entrega de los libros blancos al órgano de control del Congreso del Estado, los cuales contienen los dos primeros trimestres de ejercicio de 15 dependencias del gobierno estatal que ejercen dinero proveniente de la federación.

Prevé el Gobierno del Estado que esta práctica también se extienda a los organismos que usan recursos estatales, por lo que quienes también estarían obligados serían los ayuntamientos y la administración pública descentralizada estatal y municipal.

Este tipo de ejercicios deben darse con mayor recurrencia hasta hacer de ellos una práctica común, si se realizan cambiaría la percepción social que se tiene hacia las instancias de gobierno, que casi siempre se relacionan con despilfarro y derroche.