Ninguna autoridad ha hecho nada para su desalojo, bajo el argumento del respeto a la libre manifestación, dice director jurídico
Al cumplirse un año de la toma de la plaza “Bandera Nacional” que se localiza entre los Palacios Legislativo y Judicial por un parte de tres simpatizantes de Morena se mantienen en plantón permanente con una casa de campaña, rodeadas de lonas, cercas de alambres y otra serie de objetos como sillas, camastros y robándose la energía eléctrica de los postes de Comisión Federal de Electricidad, ninguna autoridad ha hecho nada para su desalojo, bajo el argumento del respeto a la libre manifestación.
Entrevistado al respecto, el director jurídico del Congreso del Estado, José Alberto Vázquez, manifestó que siguen a la espera de tener una respuesta a la denuncia penal que por daño al patrimonio del estado presentó en mayo del año pasado en contra de los plantonistas, que en primera instancia exigían que los diputados se bajaran el sueldo, como fue el compromiso del coordinador del grupo de Morena, Vladimir Parra, a la que se fueron sumando una serie de exigencias en contra de varios funcionarios públicos.
“La dirección jurídica a nuestro cargo formuló una denuncia para poner del conocimiento de la Fiscalía hechos que se pueden constituir en delitos contra el patrimonio del Estado, la plazoleta está como parte de su inmobiliario. Hicimos una consulta a la Consejería Jurídica para consultar el estatutos y solamente se nos informó que ese el Palacio Legislativo es parte de los inmuebles del Gobierno del Estado, pero ellos no quisieron presentar una denuncia, pero nosotros sì la presentamos el día 6 de mayo y el 23 de ese mes del 2019 comparecimos para llevar a cabo la ratificación”, refirió.
El funcionario dijo que la denuncia que se hizo ante la Fiscalía General se anexó a la que en su momento presentaron los abogados Abraham Méndez Palomares y Mario García Solórzano, por daño al patrimonio cultural a las esculturas que se localizan en las inmediaciones del Palacio Judicial, “ante la falta de respuesta de la autoridad, nosotros podríamos accionar un juicio de amparo por parte de seguimiento de la Fiscalía”.
Señaló que dicho plantón también entorpece la celebración de las ceremonias cívicas mensuales que por reglamento debían celebrar los diputados en la plaza “Bandera Nacional”, “lo vimos que al inicio del plantón, los manifestantes entorpecían del desarrollo de las mismas y estamos esperando una respuesta de Fiscalía”, puntualizó.
Dicho plantón fue instalado de manera indefinida desde el sábado 12 de enero de 2019, por tres personas, una de ellas María Silvia Guardado, con el pretexto de exigir la renuncia de las diputadas de Morena, Jazmín García y Claudia Aguirre, así como del diputado de Manzanillo, Luis Fernando Escamilla, quienes se habían declarado independientes, las dos primeras por haber sido objeto de violencia política por parte de su coordinador Vladimir Parra, renuncias que los plantonistas calificaron como traición al pueblo colimense y que desde hace un año han venido sumando otra serie de exigencias para mantener ese plantón, que ha despertado inconformidad y molestia a la ciudadanía.
