Algunos despachos de cobranza, fuera de la legalidad

Imagen ilustrativa de un despacho de cobranza | foto: Grupo Sipse

No pueden hostigar a deudores o familiares, lo cual es sancionado hasta con seis años de prisión

Al referirse a la proliferación de despachos de cobranza rápida que algunas empresas o comercios contratan para recuperar la cartera vencida, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Bernardo Salazar Santana, dijo que es válido que a través de abogados busquen cobrar los adeudos, incluso mediante el embargo, pero lo que no es válido, ni legal es el hostigamiento que estos despachos hacen a los deudores y familiares, lo cual es sancionado hasta con seis años de prisión.

“El hostigamiento fue tipificado como una forma de coacción cuando se acosa a un deudor y se le trata de intimidar haciéndole ver que va a asumir consecuencias legales que no son ciertas; entonces se considera eso cuando te están hablando a altas horas de la noche y el que te estén amenazando de que si no pagas te van a meter a la cárcel o que te van a ir a embargar, te sacarán las cosas a la calle y tendrán que enfrentar un proceso penal”, enfatizó.

En entrevista, el magistrado Bernardo Salazar advirtió que este tipo de amenazas hacia los deudores constituye un delito, lo mismo que mandar cartas que intimidan que van asumir consecuencias legales que no son ciertas y también poner los requerimientos de pago en las puertas de las casas y en lugares de trabajo donde exhiben los datos personales, que están protegidos por ley.

“Si alguien me está acosando que me va a cobrar una deuda que efectivamente tengo, mediante la amenaza de situaciones que no van a suceder porque están fuera de la realidad legal, eso es lo que constituye un delito, pero se debe denunciar ante el Ministerio Público que te están hablando a altas horas de la madrugada y están atosigando y amenazando de que te meterán a la cárcel si no les pagas la deuda de una mueblería, de un prestamista”.

Finalmente, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado indicó que la forma de cobrar los adeudos a las personas que han caído en morosidad es mediante un juicio, pero no mediante amenazas u hostigamiento; agregó que al denunciarse este tipo de actos, al tener conocimiento el Ministerio Público, se judicializa y al constituirse en delito, el juzgado puede imponer sanciones que van de tres meses a seis años de cárcel.